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El Congreso de Estados Unidos aprobó recientemente la llamada Ley Laken Riley, que obliga a la detención de migrantes indocumentados que hayan sido acusados de ciertos delitos.
La ley fue respaldada por la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, con 263 votos a favor y 156 en contra. Alrededor de 40 legisladores demócratas también apoyaron la medida. Esta ley, la primera que firmará Donald Trump en su segundo mandato, es considerada un paso importante en su agenda de inmigración.
Según la legislación, las autoridades podrán arrestar a migrantes acusados de delitos como robo, hurto, asalto a un agente de la ley o aquellos que involucren muerte o lesiones graves a otras personas.
La norma toma su nombre de Laken Riley, una joven de 22 años asesinada por José Antonio Ibarra, un venezolano de 26 años que estaba en situación irregular y que había sido acusado de robar en tiendas. Ibarra fue condenado a cadena perpetua.
La lucha contra la inmigración ilegal es una de las principales prioridades de Trump, quien en sus primeros días de mandato firmó varios decretos que apuntan a bloquear la entrada y acelerar la deportación de migrantes indocumentados. Su enfoque se centra especialmente en aquellos con antecedentes penales. Trump afirmó que millones de “extranjeros criminales” serán expulsados de Estados Unidos.
Los opositores a la ley, incluidos congresistas demócratas, han criticado el alto costo de la medida, que podría superar los 80 mil millones de dólares en los primeros tres años. La senadora Patty Murray calificó la ley como una medida costosa que podría generar caos, mientras que Alexandria Ocasio-Cortez advirtió que esta legislación podría deteriorar aún más el Estado de Derecho.
Diversas organizaciones también han expresado su desacuerdo. Kelli Stump, presidenta de la Asociación de Abogados de Inmigración Americana (AILA), señaló que la ley no mejorará la seguridad pública y advirtió sobre las consecuencias negativas de las políticas de inmigración implementadas por Trump.
El caso de Laken Riley fue citado repetidamente por Trump durante su campaña, acusando al gobierno de Joe Biden de no haber tomado medidas suficientes para prevenir crímenes como el que acabó con la vida de la joven. El padre de Laken ha declarado que la legislación ha tenido un impacto político importante en el país.
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